La Junta dice que no hay aplazamiento de los ajustes y que cumplirá con el plan

La Junta se va a portar bien y satisfará al Gobierno central, que le pide cumplir a rajatabla el plan de ajuste aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a las exigencias de negociación de los representantes sindicales del entramado laboral de la Administración autonómica. Susana Díaz, consejera de la Presidencia, enfatizó ayer que "el Gobierno de Andalucía tiene palabra y va a cumplir con el plan", para, a renglón seguido, explicar que el anuncio del vicepresidente Valderas del pasado viernes sobre no dar el visto bueno final a los ajustes hasta darse unos días para negociar con los sindicatos no implica un "aplazamiento", sino un "aprovechamiento del plazo".

Díaz se expresó en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, para articular su valoración de las advertencias del lunes del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a la Junta: un aplazamiento del plan de ajuste autonómico podría conducir a su desautorización por parte del Ejecutivo central y a la retirada de fondos del plan de pago a proveedores. La responsable de la Presidencia andaluza se quejó del "trato discriminatorio" del Gobierno de Rajoy hacia Andalucía en particular y las comunidades gobernadas por el PSOE en general. "El Gobierno debe pasar página del 25-M y tender puentes con Andalucía. Este país no está para confrontaciones ni para peleas", señaló Díaz.

Para la consejera y secretaria de Organización de los socialistas andaluces, "la negociación sindical es imprescindible para que el plan sea lo menos lesivo posible; con sus declaraciones, Beteta demostró quién es el dueño y el artífice de los recortes". Díaz, que insistió en que el plan no se aplaza, sino que lo que hay es una "ampliación de la negociación", remarcó que, cuando el vicepresidente Valderas anunció la semana pasada la voluntad del Ejecutivo autonómico de hablar con los sindicatos, "habló en nombre del Gobierno de la Junta; la comunicación es muy fluida", explicó.

La consejera aprovechó asimismo para comentar la crisis de Bankia por su relación con la gestión de recursos públicos en tiempos de crisis y señaló que "lo que antes era un problema de liquidez, ahora es un problema de solvencia. El aporte de fondos públicos a inyectar en Bankia supone diez veces el monto del plan de ajuste andaluz ; eso requiere consenso, garantías y explicaciones por parte del Gobierno de la Nación", dijo la consejera.

En el Consejo de Gobierno de ayer se decidió, entre otros puntos del orden del día, el nombramiento de un nuevo interventor general de la Junta, Adolfo José García, en sustitución de Rocío Marcos, que había solicitado voluntariamente su cese por motivos personales. Preguntado el portavoz del Gobierno por este relevo, Miguel Ángel Vázquez señaló que "la petición de cese se ha debido exclusivamente a argumentos personales y la consejera de Hacienda ha tenido que aceptarlo muy a su pesar, porque estaba muy satisfecha con el trabajo de esta persona". En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo autonómico resaltó que "no tiene ninguna vinculación con ningún tipo de cuestión ajena a la voluntad de la propia interventora general".