Un fallo judicial obliga a la Junta a adjudicar de nuevo obras en 36 colegios

Los planes de construcción y ampliación de 39 colegios andaluces penden de un hilo después de que el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa) haya llevado a la Junta a los tribunales por las condiciones establecidas para adjudicar estas obras. En concreto, son dos expedientes los que han acabado en los juzgados. Sobre uno de ellos ya se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha suspendido 36 adjudicaciones, mientras que el segundo -el más reciente- está a a la espera de resolución y afectaría a otros tres proyectos. Además de retrasar el plan de expansión y mejora de la red de centros de enseñanza pública, este conflicto perjudica seriamente a los estudios de arquitectura que se habían hecho con estos contratos, a los que la Consejería de Educación aún no les puede pagar los trabajos efectuados.

El primer expediente sobre el que ya ha dictaminado el Alto Tribunal Andaluz comenzó a adjudicarse hace casi un año, tras haber ofertado el Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) -dependiente de la Consejería de Educación- los 36 proyectos a acometer. En concreto, tres se desarrollarían en Almería, nueve en Cádiz, uno en Córdoba, trece en Granada, ters en Huelva, dos en Jaén y cinco en Málaga. De ellos, siete trabajos consistían en una sustitución de un centro por otro, 14 servirían para levantar nuevos colegios o dependencias, 12 estaban previstos para ampliar instalaciones ya existentes y 3 eran trabajos de reformas y adaptación de dichos centros. Cada obra se adjudicó a una empresa distinta, siendo el proyecto más caro la sustitución del Colegio Reyes Católicos en la localidad almeriense de Vera (256.690,23 euros) y el más barato, la construcción de un comedor en el Colegio La Atunara, en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción (53.987,73 euros). El desembolso total al que tenía que hacer frente el ISE por estas adjudicaciones ascendía a 4.910.761,94. De estos proyectos, según los arquitectos consultados por este periódico, actualmente se ha ejecutado el 40%, aunque la mayor parte de este porcentaje no se ha cobrado.

Esta falta de pago se debe a la suspensión dictaminada por el TSJA ante el recurso interpuesto por el Cacoa. Este organismo, integrado por todos los colegios andaluces de arquitectos, se opone al pliego de condiciones establecido por el ISE en el expediente de adjudicación al considerar que perjudica el interés general del sector y que varios requisitos no se acogen a la Ley de Contratos, una posición que no es compartida por varios arquitectos con los que se ha puesto en contacto este periódico, que estiman que dicho pliego es menos restrictivo que el establecido por otros departamentos de la Junta.

Lo cierto es que el Cacoa emprendió una batalla judicial para anular el expediente, pero en esta ocasión optó por una doble vía. Además de la anulación, cuya resolución puede tardar varios años como ya ha ocurrido en casos precedentes, el consejo de arquitectos solicitó también la suspensión cautelar de la adjudicación. En un primer momento esta petición fue rechazada el pasado otoño por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla, pero el Cacoa, lejos de quedarse cruzado de brazos, recurrió al TSJA, que dictaminó la suspensión en marzo. En ese momento, según señalan los arquitectos afectados, casi todos los estudios habían presentado ya el proyecto básico y estaban redactando el de ejecución. La primera fase había sido supervisada en la mayoría de los casos por el ISE, por lo que muchos arquitectos cobraron por este trabajo, algo que no ocurrió con el proyecto de ejecución, que se ha acabado sin que los técnicos del Ente de Infraestructuras Educativas puedan dar su visto bueno al impedirlo la suspensión.

Al no haber una supervisión, tampoco hay pago, lo que supone un claro perjuicio económico para los estudios de arquitectura que se han visto afectados por este conflicto entre el consejo colegial que defiende sus intereses y la Junta.

El ISE, por su parte, ha continuado con estos proyectos, algunos de los cuales estaba previsto que concluyeran el próximo mes de septiembre. Para cumplir con la fecha y ante las necesidades de nuevos espacios educativos para atender a la demanda de escolarización se han paralizado las adjudicaciones, pero se ha recurrido a un procedimiento negociado, de manera que la Administración ha presentado las ofertas a un grupo reducido de empresas o las ha encargado directamente a sus propios técnicos. Se deja a un lado, por tanto, el concurso abierto y se aplica este modelo que, por lo general, se adjudica a un precio más barato que en la anterior convocatoria. Los 36 primeros adjudicatarios se lamentan de que al final estos trabajos se lleven a cabo por menos dinero y por empresas afines a la Junta, lo que supone para muchos perder una buena oportunidad para paliar la grave crisis que sufre el sector a consecuencia del parón inmobiliario y de la escasez de ofertas por parte de entidades privadas.

Pero este expediente no es es el único que se ha visto afectado por el conflicto entre el Cacoa y el ISE. Recientemente el consejo de arquitectos también ha llevado a los tribunales una convocatoria de tres proyectos de ampliación de centros educativos por un importe global de 716.305,47 euros. Cada obra se oferta individualmente. El más caro está previsto acometerse en el Colegio Huerta de la Princesa, en Dos Hermanas (Sevilla), por 311.807,59 euros. Mientras que los otros dos se desarrollarán en el Colegio Los Cercadillos, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por un importe de 305.175,26 euros y en el Colegio La Marquesa, en Jerez de la Frontera, por 99.322,62 euros. La Justicia aún no se ha pronunciado sobre la petición de suspensión cautelar de estos trabajos.