A vueltas con las concertinas

Kenjo, que en 2006 saltó la valla de Melilla desnudo de cintura para arriba, recordaba en Valencia, la ciudad donde residía, cómo los médicos y enfermeros del hospital comarcal tardaron doce horas en coserle las heridas provocadas por las concertinas, esas pequeñas cuchillas entremezcladas con el alambre de espino colocadas en lo alto de la verja que rodea la ciudad. "Aún hoy en día me avergüenzo de ponerme en bañador en una playa", afirmó ante este periodista este inmigrante camerunés mientras se remangaba para mostrar las cicatrices de sus brazos y piernas.

Al año siguiente, en 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quitó las concertinas que había mandado instalar en Melilla, pero el auge de la presión migratoria incitó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a reponerlas a finales de 2013. Pese al daño que pueden causar no han disminuido substancialmente los intentos de saltar esa valla que separa a Marruecos de la ciudad autónoma. Cerca de 4.200 inmigrantes irregulares entraron por tierra en Melilla en 2017. En 2005, el año en que se tomó la decisión de colocarlas, fueron 5.551.

Aun así se sigue hoy en día recurriendo a las concertinas, pero esta vez no es el Ministerio del Interior el que lleva la voz cantante sino la Autoridad Portuaria de Melilla (APM), que depende de Fomento. Sus destinatarios no son los subsaharianos sino los menores, en su mayoría marroquíes, que intentan introducirse en el recinto del puerto para embarcar clandestinamente en los ferries que zarpan rumbo a Málaga, Almería o Motril.

Miguel Marín, presidente de la APM, lo anunció la semana pasada. La valla, de 590 metros, se reforzará con un "sistema de bayonetas y alambre de espino" cuya instalación, que ya ha empezado, costará 468.000 euros. Se trata de una "medida disuasoria", explicó este político del Partido Popular -fue vicepresidente de la ciudad- cuyo juicio oral por prevaricación administrativa empezará el 23 de febrero. El objetivo es "quitar las ganas a esos jóvenes y menores que vienen a Melilla para colarse de polizón", añadió. "El que cumpla la ley no va a producirse ningún daño con la concertina", concluyó. Daniel Ventura, consejero de bienestar social de la ciudad, respaldó enseguida sus palabras.

En la madrugada del domingo pasado ya se produjeron las dos primeras víctimas de las concertinas pese a que sólo han sido desplegadas en un tramo del vallado. Los pasajeros de un ferry divisaron a dos chavales marroquíes cuyas ropas desgarradas se habían quedado enganchadas en lo alto de la verja. Avisaron a la Policía portuaria para que les sacara del apuro.

El problema de los menores marroquíes en Melilla no para de empeorar. Son, según el abogado melillense José Alonso Sánchez, unos 500 los hospedados en centros de acogida a los que hay que añadir al menos un centenar que vive en la calle por voluntad propia. El año pasado se produjeron nada menos que 19.200 intentos de intrusión en el puerto, el doble de 2016, la mayoría de menores que prueban una y otra vez. En enero se batió un nuevo record (3.122 intentos) tratando, probablemente, de aprovechar los últimos días sin cuchillas. Han llegado a la ciudad "hornadas de jóvenes de 17 años" con la intención de regularizar su situación en España antes de cumplir los 18, según aseguró el miércoles el presidente melillense, Juan José Imbroda.

Muchos de los que consiguen embarcar no se quedan, sin embargo, en la Península. Prosiguen viaje hacia el norte, París e incluso Estocolmo en cuya estación central de ferrocarril malviven varias decenas de jóvenes marroquíes. En la capital francesa cerca de un centenar se ha asentado en el barrio de La Goutte d'Or, en el distrito XVIII.

"Todos han transitado por España, donde estuvieron en centros de acogida, antes de continuar su camino hacia Francia", explicaba en verano a la agencia AFP, Touraya Bouabid, presidenta de una asociación que ayuda a los marroquíes en situación precaria. El Ayuntamiento de París, que acaba de aprobar en diciembre una partida extraordinaria de 685.000 euros para atenderles y vigilarles, remitió en julio una circular a los vecinos de ese barrio. Recalcaba "el estado de salud preocupante" de los chavales, entre los que hay algunas niñas, así como "la creciente frecuencia de sus actos de violencia".

La decisión de Miguel Marín ha suscitado críticas casi unánimes porque partidos políticos y asociaciones de la sociedad civil la consideran inhumana y, sobre todo, inútil como lo fue, en buena medida, la colocación de concertinas en la valla que circunda Melilla. La sección española de Unicef, la agencia de la ONU que se encarga de la infancia, resaltó, por ejemplo, que "entrañan un grave riesgo para la vida e integridad física".

Mustafa Aberchán, el líder melillense de la oposición al PP, afirmó que considerará a Marín y al gobierno de la ciudad responsables de las lesiones que se produzcan en la valla portuaria. José Palazón, que encabeza una ONG local de ayuda a la infancia (Prodein), pidió "menos concertinas y más protección a la infancia", una competencia que incumbe a Melilla, pero cuyas autoridades, desbordadas por el fenómeno, están deseosas de traspasar al Estado.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) subrayó, por su parte, que hubiese sido preferible reforzar primero la plantilla de guardias civiles y, sobre todo, ejercer un mayor control en la Boca del León, el principal acceso al puerto, donde solo hay un agente portuario incapaz de parar a estos chicos cuando entran en la carrera.

Hasta el diario local, El Faro de Melilla, que no se caracteriza por sus críticas al PP, publicó el domingo un editorial recordando que "además de las graves heridas que [las concertinas] podrían provocar en los jóvenes, tampoco parece que vayan a ser muy eficaces para lograr desanimarles en su objetivo" de dar el salto a la Europa continental. Aun así cada día hay más concertinas en la valla que circunda el puerto.