El PP también recusa al juez Pedro Izquierdo en la "pieza política" de la formación

Segunda recusación contra el juez Pedro Izquierdo. El Partido Popular ha recusado al presidente de la Sección Primera de la Audiencia, que ha sido designado recientemente como “ponente” para resolver el recurso de apelación presentado por esta acusación contra el auto de archivo decretado por la juez María Núñez Bolaños, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, en la denominada “pieza política” de los cursos de formación.

El incidente de recusación ha sido planteado en las diligencias previas 966/2014, que se abrieron precisamente en el año 2014 por la juez Mercedes Alaya para investigar las irregularidades en relación con los cursos de formación y que dieron lugar a la apertura de varias piezas separadas, entre ellas la “política”.

Esta recusación, que tiene fecha del pasado 28 de abril, se ha presentado cuando aún no se ha resuelto sobre la primera, la presentada por el PP y el sindicato Manos Limpias tras la designación de Pedro Izquierdo como ponente para celebrar el juicio contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en relación con el “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas de los ERE.

Algunas fuentes apuntaron ayer que esta recusación podría estar fuera de plazo, dado que la causa de los cursos se abrió en 2014 y Pedro Izquierdo lleva interviniendo en la misma desde el principio, resolviendo los recursos que se han presentado contra las decisiones de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. De hecho, el artículo 223 de la ley orgánica del Poder Judicial señala que la recusación deberá proponerse “tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde” y, en este sentido, añade que se inadmitirán las recusaciones “cuando no se propongan en el plazo de 10 días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquél”.

En escrito de recusación, el PP señala que la primera noticia que “hizo público e identificó” al actual presidente de la Sección Primera de la Audiencia como el que fuera secretario general para la Justicia entre los años 2008 y 2014 se produjo “el 15 y 16 de febrero”, cuando saltó a los medios de comunicación que había sido designado Pedro Izquierdo como ponente en el recurso, pero la recusación “no se planteó al haberse resuelto ya el recurso de apelación” mediante un auto del 14 de febrero.

Como motivos de la recusación, el PP plantea que el magistrado puede tener “interés directo o indirecto” en el pleito o causa, de acuerdo con el artículo 219.10 de la ley orgánica del Poder Judicial, y también “ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa”.

Sobre el primer motivo, el PP señala que lo que se denuncia es “la relación del magistrado con algunas de las partes del proceso, personadas acusadas por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos como miembros del Gobierno de la Junta, del que el magistrado recusado ha formado parte como alto cargo, por designación y nombramiento del presidente, Manuel Chaves”.

Así señalan que el propio magistrado ha reconocido en su informe tras la recusación para el juicio de los ERE que va a tener que afrontar “un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada, no sólo respecto a las pretensiones de los recusantes sino también en cuanto a las planteadas por los encausados”.

Este “riesgo”, asevera el PP, es “suficiente” para que se estime la recusación del magistrado. En cuanto al segundo motivo, los populares alegan la “pérdida de apariencia de imparcialidad” del artículo 219.12, por la relación de “subordinación y dependencia del magistrado con una de las partes del proceso, la Junta de Andalucía, formando parte de los gobiernos que presidieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán”, que lo mantuvieron como alto cargo de “especial confianza”.

El vicesecretario de Organización y Formación del PP andaluz, Toni Martín, ha asegurado en rueda de prensa que Pedro Izquierdo ya ha tomado decisiones judiciales en “siete causas, antes de que se conociera públicamente la relación entre las causas y los gobiernos a los que había pertenecido y ha manifestado que ayer mismo tuvieron constancia otras dos nuevas designaciones como ponente para que este juez decida sobre otras diligencias previas, relacionadas con las causas de la Formación y de los avales”.

“En resumen, llevamos 8 procedimientos judiciales, los 7 que les acabo de decir, más el juicio de los ERE, con múltiples decisiones judiciales en las que ha participado el ex director general de Justicia de Chaves, Griñán y Susana Díaz. Y tenemos que escuchar cómo la señora Díaz dice que ‘en política no cree en la casualidad’. Si hubiera que hacerle caso, nosotros tampoco deberíamos creer que tantas decisiones judiciales que afectan a su gobierno recaigan en el señor Izquierdo por casualidad”, ha añadido.

De esta forma, el dirigente popular precisó que prefieren que sea la Justicia la que determine si el juez Izquierdo está capacitado para tomar decisiones en las ocho causas contra los gobiernos del PSOE de los que formó parte. “Estamos convencidos de que no debiera tomar esas decisiones, pero será la Justicia, a la que respetamos, la que tenga la última palabra”.

Martín ha declarado que desde que empezaron los escándalos que afectan al PSOE andaluz las presiones, “los desplantes, las idas y venidas de documentación, los expedientes que nunca llegan han sido una constante en la relación que han mantenido la Junta de Andalucía y el PSOE con la Justicia”.

En este punto, destacó que el desarrollo de una estrategia para ocultar la verdad y para que los responsables de todas estas cuestiones no tengan que pagar por ello y “hemos tenido que asistir a una estrategia que lo que ha hecho es que los andaluces no puedan ver cómo se devuelve el dinero defraudado y cómo no se toman medidas para garantizar que estos fraudes no vuelvan a producirse en el futuro”.