La Junta teme que la crisis catalana dé un tajo a Andalucía

Situémonos unos cuantos días más allá del 1 de octubre, el Gobierno abre una negociación con las fuerzas políticas catalanas para mejorar el encaje de esta comunidad en España. No es un futurible, sino el escenario más probable e, incluso, deseable. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ofreció el jueves a la Generalitat una mejora de su financiación y el PSOE ha conseguido que Rajoy acepte en el Congreso la creación de la Comisión de Evaluación y Mejora del Sistema Autonómico, que es una llave que abre una reforma de la Constitución.

Además, está pendiente de negociar, en teoría a lo largo de 2017, el sistema de financiación autonómica, es decir, el reparto de los fondos entre las comunidades. Por tanto, las dos posibles grandes asuntos de negociación con Cataluña, el autogobierno y la financiación, ya cuentan con mesas de discusión. Hay quien sostiene que la negociación con Cataluña, al menos en cuanto a financiación, es una operación de resultado cero: los beneficios que logre esta comunidad vendrán o de las otras o del gasto de la Administración central.

Éste es el planteamiento, hay una posible negociación en un horizonte muy cercano que puede alterar la relación de las comunidades entre ellas y de éstas con el Estado y profundizar, además, en la asimetría entre territorios, ya consagrada en la Constitución al reconocer los derechos forales de País Vasco y Navarra.

Ése es el asunto que ahora tiene muy preocupado al Gobierno andaluz, de ahí la necesidad de solventar su Presupuestos de 2018, cerrado esta semana, y de involucrar a partidos y organizaciones sociales.

Casi 40 años de la España de las autonomías han dibujado un mapa donde las comunidades han ido convergiendo en riqueza, pero a un ritmo moderado. El último estudio de convergencia del Banco de España -de esta misma semana- subraya que la velocidad de acercamiento debería ser mayor, aunque las diferencias entre regiones en nuestro país es de los más bajos de la Unión Europea.

En este sentido, nos aproximamos más a un modelo federal como el de Alemania que al de Italia y Francia, los dos grandes estados centralistas. Así, la diferencia de PIB por habitante entre ricas y pobres es en España del 20%, del 22% en Alemania y del 27% en Francia e Italia. En el conjunto de la UE es peor: del 38%. La gráfica del Banco de España nos indica que, cuando la economía está en su ciclo alto, convergemos más rápido y cuando llegan las vacas flacas, nos alejamos.

Lo mismo ocurre con el desempleo: peor cuanto peor vaya la economía. Así, Andalucía fue convergiendo con respecto a Cataluña, por ejemplo, hasta 2007, nos desviamos hasta 2015 y desde entonces se vuelven a recortar distancias. La explicación que el estudio da a esta convergencia es que la productividad del trabajo ha aumentado más en los territorios históricamente más pobres.

Nos encontramos, por tanto, ante un modelo que en lo que respecta a la cohesión territorial no es tan malo como creemos o, al menos, tan eficaz como los mejores de nuestro entorno. Aun así, las diferencias del gasto por habitante entre comunidades son altas o, al menos, buena parte del país lo siente así. Una de las razones es la asimetría de las comunidades forales.

El gasto sanitario en el País Vasco es un 60% mayor al de Andalucía: 1.600 euros por habitante a 1.090. La merma constante del Cupo vasco (lo que esta comunidad entrega al Estado español) ha provocado este efecto, que no sólo se corrige, sino que aumenta. Pero estas comunidades sólo suponen el 6% del PIB español; digamos que, aunque inequitativo, nos lo podemos permitir.

Cataluña supone el 19% del PIB. Es otra cosa. El presidente Artur Mas motivó la ruptura con el Gobierno central por ese motivo, porque quería para Cataluña un acuerdo fiscal singular, llámese Cupo, convenio o pacto, pero fiscal, de modo que buena parte del dinero que el Estado recauda en esa comunidad se quedase allí.

Para ser más exactos: que se quedase mucho más, porque el sistema de financiación actual sí tiene en cuenta este factor. Según el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, que realiza el profesor Ángel Fuentes para Fedea y el Instituto de Análisis Económico, y que es lo más fiable para medir eso que se llaman balanzas fiscales, Cataluña aporta al sistema común un total de 9.892 millones de euros. Es la diferencia entre lo que da y lo que recibe, alrededor del 5% de su PIB.

Estas consideraciones sirven como hitos para comprender cómo funciona el sistema, pero hay que matizarlas mucho. En primer lugar, porque no es Cataluña quien paga, sino los catalanes y éstos abonan a la Hacienda más o menos el mismo dinero que un andaluz en las mismas circunstancias de renta. Además, las empresas catalanes se benefician del mercado único español, donde venden el 40% de su producción.

Aunque Cataluña es de las autonomías que aporta, más dinero ingresa Madrid en la caja común, un total de 19.205 millones de euros. Éstos son los últimos datos conocidos, los de la liquidación de 2015, y suponen la cifra más adecuada para conocer lo que los partidos independentistas llaman déficit fiscal. En España, también aportan de modo neto la comunidad valenciana y la balear. ¿Y Andalucía? Nuestra región recibe un 5% de su PIB del resto del país, 7.689 millones de euros. Este flujo de ingresos desde las autonomías hacia la Administración central y el papel redistribuidor del Estado permiten una relativa equidad del gasto de las comunidades. Exceptuando, claro está, a las que se benefician del régimen foral, que se salen por arriba.

El gasto de cada comunidad por habitante no indica grandes diferencias entre Andalucía y Cataluña, ambas reciben una cantidad por debajo de la media, del 96,5% la primera y del 98,2% la segunda. Es cierto que se puede decir que ambas están mal financiadas, pero es que el sistema ha provocado que sean los territorios más poblados los peor pagados.

Valencia y Baleares vienen siendo tradicionalmente las más perjudicadas, mientras que Extremadura sale sobrefinanciada. Pero esta disposición de gasto es fruto del sistema de financiación autonómica, un modelo que debe ser sustituido por otro a lo largo de 2018.

Si a Cataluña se le construyese una financiación propia, como algunos están sugiriendo incluso desde Madrid como moneda de cambio en la negociación, será para que disminuyese sus contribuciones al común y, por tanto, supondría una merma para el resto. En cierto modo, la financiación de las comunidades es como una manta que cubre a 15 personas acostadas en la misma cama: si alguno de ellos quiere cubrirse mejor, será a costa de los otros.

La principal diferencia que distancia a Andalucía de Cataluña sigue siendo un tejido empresarial que produce un PIB por habitante que es un 30% mayor. A las empresas locales se añadieron bastantes multinacionales que han hecho de este territorio uno de los más boyantes de España. Incluso los ingresos por turismo son más altos que en nuestra comunidad.

Andalucía, con más población que Cataluña, sólo aporta el 13% del PIB total. La brecha en las tasas de empleo es similar. Mientras en el sur, el paro es del 27,8%, en Cataluña baja al 14,18%. Otras diferencias históricas, como el grado de preparación de la población, se ha ido acortando con las nuevas generaciones. El 43% de los catalanes tienen estudios universitarios, mientras sólo un 32,3% de andaluces hizo cursos superiores.

Por contra, el número de alumnos matriculados ahora en las universidades andaluzas supera a la de las catalanas, lo que indica que ese tipo de brecha se irá cerrando con el mantenimiento del Estado de bienestar, conjunto de políticas que no sólo dependen de la redistribución de rentas entre ciudadanos, sino entre territorios.

Y es esto último lo que puede haber entrado en cuestión con el desafío independentista en Cataluña.