La Guardia Civil detiene por estafa a los directores de cinco geriátricos
Están acusados de usar las tarjetas sanitarias de ancianos ya fallecidos para lograr medicamentos · Las residencias donde se ha detectado la estafa se emplazan en San Fernando (2), Jerez (2) y Sanlúcar
En pleno arranque de la implantación del denominado sistema de copago farmacéutico, que trae por la calle de la amargura a los pensionistas, obligados ahora a abonar dinero por los medicamentos, la provincia asiste atónita a una presunta nueva estafa que ha sido posible precisamente gracias a que unos cuantos se han aprovechado de la gratuidad de la que hasta ahora venía disfrutando la tercera edad.
No están todos los que son, porque el operativo continúa abierto y se prevén nuevas detenciones, pero la primera fase ya arroja datos llamativos que hacen saltar todas las alarmas sobre la imperiosa necesidad de que las administraciones extremen los controles para impedir que instituciones que hasta ahora han venido gozando de la máxima respetabilidad puedan lucrarse de un derecho que les acaba de ser cercenado a los más débiles, los ancianos.
Pócima es el nombre con que la Guardia Civil ha bautizado esta operación que ya ha deparado la detención de los directores de cinco geriátricos emplazados en la provincia.
Los responsables de estas residencias, que se ubican en Jerez (2) San Fernando (2) y en Sanlúcar (1), están acusados de un supuesto delito de fraude al haber adquirido en farmacias medicamentos utilizando de forma fraudulenta tarjetas electrónicas sanitarias de ancianos acogidos en los respectivos centros que ya habían fallecido.
En total, según ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, habrían sido un centenar las tarjetas pertenecientes a otros tantos usuarios que ya han muerto las utilizadas por los centros en los que se han detectado las prácticas fraudulentas.
En uno de los geriátricos investigados, los agentes han podido constatar que habrían sido usadas nada menos que una veintena de tarjetas de ancianos muertos.
El montante total del fraude no habría sido hasta la fecha demasiado elevado; alrededor de unos 10.000 euros. Ésta es la cifra en que han sido valorados los diferentes productos farmacéuticos que habrían sido retirados de las farmacias con las que trabajan los distintos centros dedicados al cuidado de los mayores en los que se ha detectado el fraude.
Fundamentalmente, se trata de medicamentos asociados a la tercera edad, tales como medicinas para controlar la tensión y para las enfermedades degenerativas y, en su mayor parte, pañales y empapadores de cama para uso nocturno.
Las investigaciones se iniciaron, según informaron ayer desde la Benemérita, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de un informe realizado por la Inspección de Farmacia de la delegación provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de que en cinco residencias de la provincia de Cádiz se podía estar utilizando la tarjeta sanitaria de ancianos ya difuntos.
Corría el mes de enero, y agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz iniciaron las pesquisas para tratar de esclarecer el fraude denunciado desde el SAS.
Tras comprobar los hechos denunciados, los guardias civiles contrastaron los datos, las fechas y las partidas de defunción de los titulares de las tarjetas utilizadas, así como los medicamentos y diversos productos sanitarios que se habían adquirido fraudulentamente.
Una vez contrastados los hechos y recabadas las pruebas, los agentes citaron a declarar a los directores de los geriátricos implicados en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en calidad de detenidos.
Tras ello, quedaron en libertad, acusados de un supuesto delito de estafa, para ser puestos a disposición de los Juzgados de guardia de las localidades afectadas, La Isla, Jerez y Sanlúcar.
Según ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, las dos residencias en las que supuestamente se habría detectado esta práctica fraudulenta de Jerez serían Suite Jerez La Marquesa y Montealto. En el caso de San Fernando, una de los geriátricos es Vitalia Bahía. Y finalmente, en Sanlúcar, el único centro investigado, y por ende, implicado por estas prácticas ilícitas es la residencia de Nuestra Señora de la Caridad.
Y, ¿cuál es el beneficio que los responsables de las residencias detenidos sacaban con ello?. Distintas fuentes consultadas por este diario apuntan a dos motivaciones fundamentales. Por un lado, habrían recurrido al uso de estas tarjetas sanitarias, teóricamente personales e intransferibles, para ahorrarse costes en el avituallamiento de numerosos partidas de pañales y empapadores. Y por el otro, no se descarta que con ello, puedan haber conseguido comisiones dada la ingente cantidad de productos farmacéuticos adquiridos para casa residencia.
Y en esta nueva línea de investigación en la que en la actualidad se centran las pesquisas de la Guardia Civil. Porque, advierten desde la Comandancia de Cádiz, la operación se halla aún abierta y de hecho, se vaticina que en próximas fechas habrá nuevas detenciones y/o imputaciones de más personas supuestamente relacionadas con esta fraude.
Hay que aclarar no obstante que no se trata en principio de ninguna trama organizada, sino de prácticas delictivas que a título individual habrían sido supuestamente cometidas en cada uno de los centros implicados. De ahí que las investigaciones no hayan sido centralizadas en un único Juzgado, encargándose cada órgano judicial de la demarcación correspondiente de cada caso en cuestión.
Desde la Junta de Andalucía, por su parte, declinaron pronunciarse ayer sobre el asunto, alegando que se trata de una investigación de la Guardia Civil que se halla judicializada, emplazando por ello a que fuera este Cuerpo el que facilitara detalles del operativo. Así lo comunicaron a este diario desde el gabinete de prensa de la delegación provincial de Salud. En similares términos se pronunció el director del Distrito Bahía. La Janda, Rafael Pereiro.
Desde la Comandancia de la Benemérita, por su parte, quisieron resaltar la "intensa colaboración" prestada desde la Inspección de Farmacia. Y dejaron claro que las pesquisas van a continuar. Que, como en el caso del fraude detectado a la Seguridad Social con la operación Picones, no se ha hecho más que abrir "la caja de Pandora",
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