España bloqueará las opciones que permitan a Gibraltar seguir en la UE

MÁLAGA/El Gobierno español vuelve a poner sobre la mesa al Reino Unido la oferta de cosoberanía sobre Gibraltar, la misma que formuló el ex ministro José Manuel García Margallo en octubre y que Londres rechazó sin pestañear. El jefe de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Martín y Pérez de Nanclares, subrayó ayer en Málaga que el Brexit brinda una "ocasión de oro" para "reenfocar de manera positiva" "el contencioso de la última colonia de Europa".

La propuesta de cosoberanía que ratifica el departamento que ahora dirige el ministro Alfonso Dastis contiene la promesa de "mantenimiento pleno del régimen fiscal" de Gibraltar, "el autogobierno más alto posible" en el Peñón, desmantelamiento de la Verja y conacionalidad española para los gibraltareños que, de esa forma, podrían mantener su estatus fiscal y financiero bajo el paraguas de la Unión Europea.

El Ejecutivo español ofrece esta zanahoria, pero también enseña el palo porque está dispuesto a bloquear cualquier otra solución que le permita mantener una posición singular dentro de la Unión Europea. Si no hay cosoberanía y el Reino Unido sale de la UE "Gibraltar también sale", afirmó ayer José Martín y Pérez de Nanclares en una jornada académica organizada por la Universidad de Málaga y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El jefe de la asesoría jurídica internacional indicó que España ejercerá su "papel llave" en las negociaciones sobre el Brexit si afecta a cuestiones relativas a la "controversia entre estados".

Las orientaciones para negociar la salida británica exigen unanimidad de los estados europeos y España romperá ese consenso previo necesario si se ofrece alguna opción que permita mantener la colonia bajo el paraguas jurídico de la Unión Europea. Es decir, no aceptará ninguna cláusula territorial que articule una aplicación diferenciada. Esta posición excluye "soluciones imaginativas" como convertir el Peñón en un "microestado" o lo que se ha denominación la opción de "Groenlandia a la inversa". Martín y Pérez de Nanclares subrayó que la ONU es la única organización internacional que decide "cuándo se acaba un proceso descolonizador", no la Unión Europea.

La solución final del Gobierno español, no obstante, también encuentra determinada resistencia. Por ejemplo, Juan Antonio Yáñez Barnuevo, representante permanente de España ante las Naciones Unidas, anotó la necesidad de "tener cuidado con la soberanía compartida" porque la oferta no habla de plazos ni de periodos transitorios. Entonces, "¿aceptaría España renunciar a la integridad territorial?".

Mucho más expeditivo, Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz, cree que hay que desligar la "solución final" sobre la soberanía de la situación actual, de ahí que urgiera ayer a "abordar de inmediato" la cooperación para establecer el modus vivendide Gibraltar, España y el Campo de Gibraltar ante el inminente escenario del Brexit. Sólo después se podrían plantear otras fórmulas, entre las que sugirió la del coprincipado o la ciudad de las dos coronas.

La jornada de estudio El Brexit y Gibraltar que ayer congregó a 15 expertos en la Unión Europea puso de relieve los desafíos políticos, jurídicos y económicos que implica la salida del Reino Unido de la Unión Europea tanto para los intereses españoles, como británicos y gibraltareños.

Cristina Izquierdo, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid, detalló que el régimen especial que ha mantenido el Peñón dentro de la Unión Europea, en una fórmula que le ha permitido beneficiarse de la libertad de movimiento de capitales y servicios y del derecho al libre establecimiento, pero estar fuera de la libertad aduanera, la aplicación del IVA y los impuestos especiales sería inviable. En este caso, la Verja pasaría a ser frontera del espacio europeo y difícilmente podría preservar la flexibilidad que por la vía de los hechos ha mantenido durante las últimas décadas. La banca, los seguros y el negocio del juego on line, pilares sobre los que se asienta ahora la economía gibraltareña, se verían seriamente comprometidos. No en vano, el 95,9% de los gibraltareños votaron en contra del Brexit.

Juan José Álvarez Rubio, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco, recordó que las 30 empresas dedicadas al juego on line con sede en Gibraltar facturan 30.000 millones y representan el 70% de este mercado. Desde su punto de vista, la seguridad jurídica tan preciada para las empresas y las finanzas ya está en entredicho no sólo en Gibraltar sino en el conjunto del territorio británico, sin necesidad si quiera de tener que esperar a que se produzca la desconexión.

Decisiones como la anunciada por la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, de bajar 10 puntos el impuesto de sociedades "no frenan la localización" ante un horizonte de deslocalización y pérdida de la libertad de establecimiento de sociedades y servicios. "El Brexit exacerba la incertidumbre". Desde su punto de vista, la City londinense sufrirá una "estampida de multinacionales que no se puede corregir". De hecho, afirmó ayer que "los contratos sometidos a la ley británica que vencen tras 2019 se están revisando ya" porque a partir de ese momento "quedarán en un limbo jurídico".

La salida del Reino Unido, que previsiblemente se solicitará formalmente en unos días, también arroja dudas importantes en materia de cooperación judicial y en el reconocimiento y ejecución de sentencias, como expuso ayer la catedrática de la Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona Alegría Borrás, porque ni siquiera es posible regresar a un contexto jurídico previo a la Unión Europea. "Se pierden instrumentos de cooperación que afectan a la vida de las personas físicas y jurídicas", dijo para aludir a situaciones comunes como un simple divorcio o medidas de protección de menores. "Es un paso atrás costoso", sobre todo porque se tendrá que volver a negociar sobre materias que, en muchos casos, ya no dependen de cada estado, sino que son competencia de la Unión Europea.

Además, están la sanidad y las pensiones, dos asuntos que inquietan a los gibraltareños, los británicos residentes en España y los españoles emigrados al Reino Unido. La catedrática de la Universidad de Málaga Maite Echezarreta subrayó que son necesarios acuerdos de cooperación que permitan exportar los derechos sanitarios y las pensiones.