Bolaños cita a declarar como investigados a dos empresarios por "lucrarse" de las subvenciones de la formación

La juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación, ha citado a declarar como investigados el próximo 5 de octubre a los empresarios José María Pérez y Gerardo Saucedo González, quienes según la Fiscalía Anticorrupción tendrían un "plan preconcebido" para "lucrarse" de las subvenciones y sin la intención de cumplir el compromiso de la contratación de los alumnos una vez finalizada la formación.

En una providencia que tiene fecha del 21 de junio, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha citado a declarar, además de estos dos empresarios, a un total de 23 testigos, que comparecerán los días 3, 4 y 5 de octubre.

La imputación de los empresarios se produce tras el atestado presentado en mayo pasado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del informe de la dirección general de Tesorería y Seguridad Social de 9 de marzo de 2015, de lo que se desprende, según la Fiscalía Anticorrupción, que los investigados "habrían recibido subvenciones a través de sus empresas, con la previa intención de incumplimiento de un elemento esencial de este tipo de subvenciones como es el compromiso de contratación".

Según un escrito del Ministerio Público, que solicitó el pasado 7 de junio la citación a declarar de los empresarios, los investigados se pusieron "previamente de acuerdo" entre sí para firmar acuerdos con terceros en los que "habrían adquirido el compromiso de contratación al que viene obligado el beneficiario" por el artículo 37 de la orden de 23 de octubre de 2009 como fase final de cada expediente de subvención.

Sin embargo, aquellos acuerdos eran "falsos o al menos simulados, de tal manera que ni estas terceras empresas ni los investigados beneficiados, tenían intención de cumplir estos compromisos y en su consecuencia no proceder al alta en la Seguridad Social del mínimo de alumnos exigidos para cada expediente de subvención".

También considera que firmaron acuerdos con terceras empresas que "ni tienen centro de trabajo en los lugares donde se comprometían a contratar alumnos y cuya actividad u oficio era distinto al curso para el que se otorgaba la subvención".

Así, un número significativo de alumnos habrían confirmado que no se les ofrecían contratos, mientras que otros manifestaron que el contrato ofrecido era con unas "condiciones tales, que sólo les cabía como salida renunciar a los mismos".

De otro lado, el informe de la Inspección Central de Trabajo habría concluido que el número real de contratos que finalmente fueron válidos para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) era de 96, cantidad que solamente alcanzaba el "26% del número de alumnos formados cuando la obligación en estos expedientes es de un mínimo del 60%".

Además, los órganos administrativos encargados de la justificación y liquidación de los expedientes de subvenciones habrían mostrado un "criterio manifiestamente laxo, pues habrían dado por buenos muchos contratos que incumplen los requisitos mínimos exigidos de la normativa".

Por todo ello, la Fiscalía advierte de la "posible existencia de un plan preconcebido por parte de los investigados de obtener subvenciones con la finalidad de lucrarse con las mismas y sin intención de cumplir con uno de sus elementos esenciales, que constituiría un fraude de subvenciones continuado”, aunque también aprecia delitos de prevaricación y en su caso de malversación "por parte de las autoridades administrativas y funcionarios públicos, competentes tanto en la concesión de las subvenciones como gestión de la misma y sus cursos, así como de la justificación y liquidación final".

Tras el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la declaración de los empresarios investigados y de los 23 testigos, la juez María Núñez Bolaños ha ordenado además, a petición del Ministerio Público, que se incorporen los expedientes completos de las subvenciones y que se libre oficio a la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta para que emita un informe definitivo sobre el estado en el que se encuentran estas subvenciones, del resultado de la revisión de los expedientes, y del “posible fraude en estas subvenciones, en relación con los compromisos de contratación”.

También ha acordado la instructora que se libre oficio a la misma dirección general de Formación para que informe sobre las "identidades de las personas que ocuparon los órganos que concedieron las subvenciones, así como aquellos que de manera descentralizada en el SAE se encargaron de la comprobación, liquidación y justificación de las subvenciones".