Andalucía propone que las comunidades forales aporten más a la nueva financiación

Sevilla/La Junta de Andalucía propone que las comunidades forales, País Vasco y Navarra, aporten "recursos adicionales" al nuevo sistema de financiación autonómica "desde el inicio de su vigencia" como "aportación a la solidaridad" del modelo "al servicio de la nivelación y la equidad" entre los diferentes territorios del Estado.

Así figura en el documento remitido por la Consejería de Hacienda y Administración Pública al Ministerio de Hacienda con la valoración de Andalucía sobre el informe elaborado por la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica.

Dicho documento, incluye un apartado específico sobre las comunidades forales en el que se muestra "conforme" con la propuesta realizada en el informe "dirigida a abordar un recálculo del cupo vasco y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados".

Según la Junta, existen aspectos que deberían considerarse para "corregir las estimaciones actuales" empezando por "evaluar con datos y metodologías más robustas el coste de las competencias ejercidas por la Administración General del Estado en los territorios forales, incluyendo la aportación a la solidaridad interterritorial y nivelación ligada al sistema de financiación autonómica".

"Correcta imputación del déficit" a País Vasco y Navarra

Junto a ello, Andalucía propone al Ministerio de Hacienda "afinar con más precisión las liquidaciones por IVA en adquisiciones intracomunitarias entre la Hacienda estatal y las forales", así como "proceder a una correcta imputación del déficit público estatal derivado de funciones de gasto ligadas a competencias desarrolladas por la Administración General del Estado en los territorios forales".

En este sentido, la Junta defiende que "la aportación a la solidaridad de las comunidades forales sería canalizada hacia las comunidades autónomas de régimen común a través del sistema de financiación autonómica en forma de recursos adicionales al servicio de la nivelación y la equidad".

A su juicio, "dado que el Estado tiene la obligación de garantizar la realización efectiva del principio de equidad, la canalización de la aportación de las comunidades forales a la nivelación territorial, se instrumentaría a través de la intermediación de la Administración General del Estado desde el inicio de la vigencia del nuevo modelo de financiación autonómica".

De este modo, Andalucía plantea que asuma "la citada aportación foral se asuma con independencia del momento oportuno para reformular el cálculo del cupo y la aportación, cuya negociación bilateral continúa manteniéndose en la esfera competencial estatal".

Condonaciones de deuda

Respecto a las alternativas expuestas por la comisión de expertos para metabolizar la deuda autonómica acumulada, la Junta señala que "si en algún momento se optase por la propuesta basada en la condonación, Andalucía consideraría adecuado un mecanismo generalizable a todas las comunidades, tomando como criterio la insuficiencia financiera global sufrida por toda ellas".

Dicho mecanismo debería además "ponderar adecuadamente los esfuerzos previos de consolidación fiscal y gasto primario por habitante en relación con la media, en línea con los indicadores sugeridos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef).

El documento remitido por la Consejería andaluza al Ministerio del ramo no formula comentarios a las especificidades formuladas por la comisión de expertos sobre Canarias, Ceuta y Melilla, aunque sí comparte la propuesta relativa a la reforma de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) para defender que "debe ser abordada con prioridad".

Incrementar el FCI y desligarlo de los PGE

Así, Andalucía considera necesario "incrementar significativamente la dotación del FCI y establecer una base de cálculo que le otorgue estabilidad, pudiendo ser esta el PIB o los ingresos no financieros del Estado, y desligarla, de esta manera, de la actual referencia de la inversión real civil nueva consignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

En su opinión, se debe establecer "como criterio objetivo" que las comunidades perceptoras del FCI sean aquellas "con un Producto Interior Bruto (PIB) per cápita regional inferior al 100% del PIB per cápita medio de España, derogando la actual regulación en la que no está explicitado el criterio".

"En estos momentos son las leyes de los PGE de cada año las que otorgan la condición de beneficiaria, con la subsiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva", critica la Junta, que propone como "criterios básicos" para el reparto del FCI "la población de derecho y la inversa de la renta per cápita".